Este trabajo de las personas libres es incomparablemente más productivo que el de los “esclavos”, pues poseen un interés natural por producir lo más posible. Saben que cuanto mayor sea su productividad mayor será también la recompensa. En cambio, quien está esclavizado “aporta a regañadientes su esfuerzo y sólo en la medida indispensable que le permita eludir el correspondiente castigo” , porque a final de cuentas alguien más es el que se apropia de los resultados de su esfuerzo. La diferencia, entonces, consiste en si la persona es o no dueña del producto de su trabajo. Es por ello que la abolición de la esclavitud permitió el enorme desarrollo industrial de nuestros días y el incremento en el nivel de vida de un hombre promedio.

Así, la esclavitud económica terminó cuando los siervos y esclavos se convirtieron en hombres libres. La diferencia consistía en si la persona era o no dueña del producto de su trabajo: “Los siervos no eran hombres libres porque los gobernantes de la época tenían derecho sobre una tercera parte de su trabajo. Y en el siglo XIX, los dueños de esclavos podían disponer de la mitad del trabajo de éstos”.

En la búsqueda de los individuos por garantizarse la propiedad sobre sus bienes, incluyendo su persona y su trabajo, se formaron Estados cuya actividad primordial en la economía debía ser la de defender la propiedad privada, para que así, de la manera menos costosa posible y de acuerdo con la información disponible, las personas pudieran libremente asignar los recursos, que por condición original son escasos, a los lugares donde son más valorados. De esta forma, en ausencia de distorsiones, todos se benefician porque la sociedad se ocupa en producir actividades que efectivamente satisfacen necesidades específicas. Sin propiedad privada esto no sería posible; y el trabajo de las personas es su propiedad privada.

Sin embargo, en México de todo lo que hace el gobierno, sólo una pequeña parte lo dedica a esa actividad primordial (garantizar la propiedad de las personas sobre los frutos de su trabajo). Casi todo lo demás lo dedica a hacer justamente lo contrario, permitir que los demás se apropien parte de los frutos de nuestro trabajo, lo que hoy se conoce como redistribución.

Como sea, para llevar a cabo sus actividades, el gobierno extrae recursos de los ciudadanos; mientras más actividades realice, mientras más obeso sea, más recursos de los ciudadanos requerirá. Estos recursos los obtendrá por la fuerza (no importa si estamos de acuerdo o no con lo que hace) por medio de impuestos, endeudamiento o inflación. Lo anterior quiere decir que el gobierno es dueño de una parte de nuestro trabajo, o que trabajamos en exclusiva para él durante cierto tiempo productivo. Visto de esta manera, somos en parte esclavos del gobierno.

En 2024, el gobierno federal confiscará 4,942,030.3 millones de pesos que equivalen el 48.61 por ciento del ingreso de las familias mexicanas que pagan los impuestos. En otras palabras, tendremos que trabajar 177 días del año únicamente para mantener al gobierno; un gobierno que quiere hacer todo lo que no debería hacer y ha dejado de hacer, en gran medida, lo que debiera hacer todo gobierno. Así pues, los mexicanos podremos comenzar a ser dueños del fruto de nuestro trabajo a partir del 25 de junio: que es, de manera agregada, nuestro Día de Libertad Fiscal (DLF).

Como quiera verse, en México el gobierno no sólo no evita eficazmente que nos robemos unos a otros, sino que además es nuestro propio gobierno el que nos ha esclavizado, pues ¡es dueño de casi la mitad de nuestro trabajo!

De cada 100 pesos que generamos de ingreso, debemos pagar 26.66 por impuesto sobre la renta, 13.09 por IVA y 2.28 en impuestos a productos como tabaco, alcohol y productos de alto contenido calórico.

En ediciones anteriores, nuestro estudio incluía un ejercicio técnico que tenía como meta esbozar un índice (DLF) que permitiera dimensionar qué tanto las personas son dueñas de su propio trabajo, de acuerdo con su capacidad para generar ingresos. Lamentablemente, desde 2022, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público descontinuó el reporte “Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de hogares y personas” en el cual nos mostraban cómo impactaba cada impuesto a los diferentes niveles de ingreso de nuestro país, mismo estudio que por muchos años desmentía las mentiras alrededor de los impuestos: en el último año que se publicó la población más pobre pagaba 34.35% de su ingreso en impuestos a pesar de no pagar ISR y los más ricos si son quienes más pagan impuestos, 53.71%.

Este cálculo incluye únicamente los impuestos a nivel federal, pero existen impuestos municipales y estatales además de los cargos por licencias y otras cuotas que nos cobra el gobierno, algunas que afectan directamente al ingreso de los ciudadanos e impactan en la generación de empleo.

El Día de la Libertad Fiscal nos da una idea del tamaño del sector público. Tal magnitud de gobierno asfixia el proceso económico pues los recursos que necesita para sobrevivir, que son demasiados, los extrae de la población con mayor capacidad para generar riqueza. Este acto de esclavitud fiscal incide perversamente sobre el trabajo de las personas, y los efectos se observan en términos de una sub-óptima acumulación de capital.

En México, como se mencionó, el gobierno no sólo no evita eficazmente que nos esclavicemos unos a otros, sino que es él mismo quien nos esclaviza pues quienes más producen tienen que “donarle” casi la mitad de sus ganancias.
El Día de Libertad Fiscal depende de las variables que consideramos para llevar a cabo su cálculo. Éste es un criterio puramente estadístico que se conforma con base en ciertos supuestos simplificadores. Es importante aclarar que el índice cambiará a lo largo del año debido a que las variables de ingreso y recaudación también fluctúan. Este ejercicio únicamente considera los impuestos federales; los estados y municipios, sin embargo, tienen sus propios impuestos que reducen aún más el ingreso de las familias en nuestro país aunque éstos representan menos de un 6% de la recaudación total. Existen también otras formas en las que el gobierno puede reducir la riqueza de las personas, por ejemplo, la contribución a la seguridad social, la inflación y la deuda pública, las cuales no son incluidas en nuestro análisis pero que también erosionan la libertad económica en nuestro país. Incluso existen variables difíciles de cuantificar, mediante las cuales el gobierno también se apropia más de nuestros ingresos, como podrían ser la corrupción y la sobrerregulación, entre otras.

El DLF es un indicador que nos ayuda a vislumbrar más claramente la dimensión del gobierno y el grado de presión tributaria que ejerce sobre los ciudadanos; pero sobretodo puede ser muy útil para comprender mejor y expandir con mayores probabilidades de éxito las ideas de la libertad individual.